Todas las comunidades autónomas tendrán que invertir un millón de euros en cada una de sus provincias para levantar una Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. En la puerta del edificio colgará, obligatoriamente, el cartel del Ministerio de Igualdad, y el añadido de «Fondos Europeos», aunque, luego, serán las comunidades las que tendrán que hacerse cargo de los gastos de personal, y, en sí, de la burocracia.