La Ley de Libertad de Conciencia queda fuera del plan legislativo de 2022 y se incumple el compromiso programático de regular la financiación de las confesiones, la simbología y la educación religiosa, los lugares de culto, la fiscalidad, la igualdad entre credos, la neutralidad de las autoridades públicas y el fin de los privilegios de la Iglesia católica.