Las administraciones deberían aprovechar para regular a fondo el funcionamiento de los servicios prestados por empresas como Cabify y Uber y equiparar las normas a las del taxi. La huelga de los taxistas, lo que se plantea en ella, va mucho más allá de las necesidades de ese colectivo. Tiene que ver con cómo pretendemos vivir en nuestras ciudades. Tiene que ver con derechos laborales y sociales, con regulaciones cuyo cumplimiento y respeto garantizan la convivencia. Tiene que ver con la movilidad que queremos, la contaminación que no queremos.