En los pliegos de descargo que elaboraba dicha empresa para recurrir las denuncias, se identificaba como conductores a ciudadanos extranjeros que, en realidad, no tenían relación alguna con los hechos. El objetivo último del fraude sería el intentar derivar los expedientes administrativos hacia personas extranjeras, cuyos datos además habían sido alterados, de manera que no pudiera culminarse la tramitación de los mismos y las sanciones quedaran sin efecto.