Los ciudadanos y organizaciones firmantes exigen que el Estado no financie las iglesias y confesiones religiosas (actualmente más de 7.000 millones de euros a la iglesia católica y varios millones a otras confesiones). Esto supone, fundamentalmente la no-financiación de las iglesias con dinero público, la eliminación de la asignación tributaria en la declaración del IRPF y la derogación del Concordato y de los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Iglesia católica, que da cobertura a este sistema de financiación privilegiado.