Todo comenzó cuando, en mayo de 2013, el matrimonio entre la acusada y un reputado empresario de Mallorca llegó a su fin. Según consta en la demanda, «gracias al poder adquisitivo del marido, la mujer disponía de un alto nivel de vida muy acomodado sin tener que trabajar. Ante la separación traumática y con el único fin de conseguir una pensión compensatoria, a sabiendas de que si se le declaraba víctima de violencia de género dicha condición le resultara más beneficiosa para errar un acuerdo económico, decidió denunciar a su expareja», reza en