Desde el año 2012 y hasta 2016, distintas unidades policiales hicieron listas negras y pusieron en marcha cazas de brujas contra todo el que no colaboraba en los ataques que el Ministerio del Interior de la época orquestó contra partidos y políticos nacionalistas catalanes. Con dinero y medios del Estado fueron perseguidos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero también personalidades del mundo de la Justicia y las fuerzas del orden.