La memoria de impacto normativo y económico que acompaña al reglamento obvia en sus 124 páginas cualquier referencia al coste que tendrán que asumir las operadoras de telecomunicaciones en el proceso. En su función de proveedores de acceso a Internet, estas compañías son las que tendrán que bloquear las webs que enlacen sin autorización a contenidos con derechos de autor.