El secretario general del sindicato policial JUPOL, el subinspector José María García Fernández, es propietario desde 2015 de una empresa de asfaltado, excavaciones, obras públicas, construcciones y negocios inmobiliarios domiciliada en Asturias, sin haber solicitado como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior para sus actividades empresariales, como es obligación de todo funcionario público.