Entre 2008 y 2019, más de 1,7 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares en España, según un reciente informe del Observatori DESC, apenas una muestra de un “modelo que no funciona”, transformado en una “realidad permanente y sostenida a lo largo del tiempo”. Desde entonces, 1.710.963 personas han perdido sus hogares, según el análisis detallado que hace este centro de derechos humanos y políticos de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial.