Diversos análisis de organismos públicos concluyen que ciertas universidades entregan a los estudiantes titulaciones que no se ajustan a los parámetros legales de durabilidad y seguridad. El ahorro de costes por parte de las empresas contratadas está en el origen del problema que tendría una gran parte de las 83 universidades que existen en España (51 públicas y 32 privadas).