El gobierno municipal de Barcelona ha multado con 60.000 euros a Airbnb y Homeaway por anunciar pisos turísticos ilegales. El consistorio ha rastreado y enviado requerimientos a 22 páginas web para que identifiquen a los propietarios de viviendas vacacionales, aunque la mayoría se han negado amparándose en la Ley de Protección de Datos.