Gracias a una iniciativa del reformista y prometedor UPYD (el partido de la Unión del Pueblo y Díez, del mismo color "rosa" magenta del nombre de la fundadora), que ha contado con las bendiciones del siempre lúcido PSOE, el PP local de Murcia ha promovido una ordenanza copiada de Sevilla donde se sanciona con multas de hasta 3000 euros la contratación de servicios sexuales en la calle por parte de prostitutas y sus clientes. ¿Se puede hacer esto por un simple Ayuntamiento que no es un órgano representativo de la soberanía nacional?