La visa se ve bien a primera vista. Permite a las personas que trabajan de forma remota para empresas extranjeras venir a España durante un año, y luego prorrogarlo por un segundo año, mediante un permiso de residencia. ¿La captura? Los trabajadores remotos deberán pagar un impuesto sobre la renta del 24% durante sus primeros 183 días en el país, y si se quedan más tiempo, su tasa impositiva se decidirá mediante acuerdos de doble imposición. Esto no se compara bien con otros esquemas europeos para atraer nómadas digitales.