Cuando González sustituyó a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad, extremó todavía más esas cautelas y a través de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), contrató un sistema en 2013 con el objetivo de encriptar los teléfonos que costó a las arcas públicas 117.394 euros. Para no dejar rastro, el expediente de contratación de los teléfonos encriptados fue declarado confidencial por el consejero de Presidencia y mano derecha de González.