La infanta Cristina de Borbón parece estar a punto de ser imputada de nuevo por el juez Castro, esta vez por un delito de blanqueo de capitales, en lugar de tráfico de influencias, después de que se descubriera el contrato ficticio de autoalquiler de su domicilio, el palacete de Pedralbes, a su sociedad patrimonial Aizoon, en el que tanto la infanta como su marido, Iñaki Urdangarin, firmaron dos veces, como arrendadores y también como arrendatarios. Esas firmas, la reforma del palacete, el mobiliario y los gastos particulares ...