Los pozos canarios podrían cubrir en torno al 10% de la demanda nacional de hidrocarburos, un escenario que elude el Gobierno de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, especialmente, cuando se trata de atacar la investigación autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las instituciones canarias implicadas desoyen sistemáticamente cualquier alusión a su impacto positivo, aun menos si tiene o no trascendencia nacional, enarbolando presuntos perjuicios hacia el monocultivo isleño por excelencia: el turismo.