Tras llevar a cabo el correcto proceso de solicitud para la celebración de una asamblea ciudadana que tenía como objetivo trabajar en los preparativos de la manifestación del próximo 23F, la policía notificaba que dicha asamblea debía ser desconvocada. Alegaban que no se trataba de un evento con carácter de urgencia, por lo que debería haberse notificado con un plazo mínimo de 10 días, en lugar de las 24 horas necesarias en estos casos.