El PP y el PAR han rechazado una proposición de ley presentada por CHA, y que han apoyado PSOE e IU, en la que se pedía que un juez pudiera decretar la suspensión provisional de cargo público para las personas imputadas por delitos castigados con las penas de inhabilitación especial, como una forma de evitar que los políticos corruptos ocupen cargos públicos o puedan concurrir a las elecciones.