Según este documento, los jueces españoles solo podrán abrir causas referidas a otros países cuando "quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España". Así consta textualmente en la enmienda pactada ayer entre los dos grandes partidos, junto a la mayoría de fuerzas parlamentarias, a la ley orgánica del poder judicial.