Políticamente, deja a su paso otros damnificados, los que durante dos años no sólo dijeron que se había producido un golpe de Estado o rebelión, sino que acusaron a los que dudaban de ello de ser cómplices de los separatistas. Además, coloca al movimiento independentista ante quizá la última oportunidad de repetir la conmoción social y el desafío político que supuso el referéndum del 1 de octubre. Desobediencia suponía un castigo muy leve por la reiterada negativa del Govern a cumplir las decisiones judiciales. Rebelión no había sido probado.