Los recortes aplicados desde 2009 a nivel autonómico y estatal han supuesto un duro golpe para la educación pública y se han llevado por delante al menos a 61.000 profesionales, según la conclusión de un estudio realizado por CCOO. Esta disminución de plantillas ha sido especialmente acusada en comunidades como Castilla-La Mancha, donde ha afectado a más del 20% de los profesionales; Aragón, Baleares o Murcia, que rondan el 15%.