Con la creación en 1721 de la llamada Junta de Gitanos se llegó a la conclusión de la inutilidad de la política seguida hasta entonces hacia esta minoría étnica, así como el inconveniente que suponía la inmunidad eclesiástica para lograr una prisión general. Despojados en 1748 de este derecho, el Consejo de Castilla, con su presidente Gaspar Vázquez de Tablada al frente, acordó su arresto para "sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América".