La reforma de las pensiones públicas amenaza con abrir la primera gran brecha entre sindicatos y Gobierno. Sobre todo si se confirma una propuesta que se filtró ayer, y que dice que el Ejecutivo piensa aumentar la edad obligatoria de jubilación hasta los 67 años, de forma gradual y a partir del año 2013 en un proceso que se alargaría hasta el año 2025. Fuentes sindicales mostraron