Paula, una mujer de 29 años desempleada y madre de dos hijas, no puede pegar ojo desde hace una semana. En concreto, desde que recibió una carta en la que la Seguridad Social le reclama 39.000 euros por “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante cuatro años, a pesar de que ella asegura haber aportado “toda la información correctamente”.