Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura pretenden que la despoblación se tenga en cuenta en la revisión del sistema de financiación autonómica, que se realice una estrategia española para ofrecer alternativas al declive poblacional y que se establezcan medidas desde la Unión Europea que ayuden a las regiones con problemas demográficos.