La moción también pedía declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el patrimonio cultural de carácter religioso porque "es una obligación de la administración cuidarlo". La senadora de EH Bildu Idurre Bideguren criticó que la Iglesia católica "ha gozado de distintos privilegios, como la inmatriculación de bienes". La senadora del PP Amelia Salanueva acusó a los proponentes de "una estrategia de persecución ideológica a la Iglesia", y ha defendido que las inmatriculaciones "se han realizado conforme a la ley".