Cabe enumerar: los contratos por obra y en vez de temporales, en las personas reclutadas en el país de origen; los despidos sistemáticos mucho antes de expirarse el visado o lo prometido; las horas trabajadas no pagadas; el cobro abusivo de gastos por alojamiento y servicios básicos o la ausencia total de vivienda; la falta de transporte adecuado de las fincas a los pueblos; las omisiones en la atención a la salud de mujeres y hombres que a menudo no hablan (bien) castellano; el acoso laboral y el chantaje sexual, y un largo y funesto etcétera.