Sobresueldos en forma de trienios y complementos de calidad cobrados de manera indebida; incorporaciones de personal no ajustadas a derecho; gastos sin límites mientras la crisis obligaba a toda la administración catalana a aplicar grandes recortes al presupuesto público... Todo eso sucedió, aunque parezca un contrasentido, en la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que gestionaba Daniel de Alfonso