Únicamente tres de las 17 comunidades autónomas españolas (Madrid, Baleares y Canarias) pueden pagar con sus propios recursos las pensiones de sus habitantes, según los datos de la Seguridad Social referidos a 2011 (último ejercicio del que existen cifras definitivas). Es más, tanto la capital como los archipiélagos registraron ingresos de sobra para llevar a cabo esos pagos, de modo que arrojaron un superávit que tuvo que utilizarse para que el resto de las autonomías pudieran hacer frente a las obligaciones con sus respectivos pensionistas.