El gobierno de Madrid actuó rápidamente para aplastar el movimiento secesionista catalán como una violación de la Constitución española y para despojar a la región inquieta -al menos temporalmente- de la mayoría de sus poderes autónomos. Los eventos de gran movimiento plantearon nuevas preocupaciones sobre las posibles repercusiones entre las otras regiones de España que tienen diversos grados de autonomía. En términos más generales, la declaración de los líderes catalanes puso en tela de juicio la contigüidad política de España. (ENG)