Así, a modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que, "movido por su ambición", decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda descubre la ganancia patrimonial no justificada, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros, incluyendo la cuota más la sanción impuesta.