Cuando la juez Alaya decidió imputar a Magdalena Álvarez y otros diecisiete altos cargos (actuales o anteriores) de la Junta de Andalucía, comenté, tras leer el auto, que no entendía qué delito concreto se les imputaba, ya que la fundamentación se basaba, esencialmente, en una discusión sobre la legalidad de un procedimiento público, aprobado por el parlamento de Andalucía, que ni siquiera había sido impugnado ante los tribunales. Me pareció un auto extravagante y comprendí las críticas dirigidas contra Mercedes Alaya.