Utiliza 97% menos tierra y hasta 90% menos agua que la agricultura convencional, ocupando menos de una hectárea, lo que es significativamente menor comparado con la producción tradicional.

El 90 % de los agricultores está a favor de que la Política Agraria Común contemple criterios ambientales. Su desacuerdo está, entre otras cosas, en que un 80% considera que se han diseñado estos planes sin contar con ellos.

La población mundial crece exponencialmente, con 6000 millones de personas al principio del milenio y unos 10000 millones estimados para el año 2050. La demanda de alimentos se incrementará. Para satisfacerla es necesario aumentar la superficie cultivable, limitada a la extensión máxima de tierra para usos agrícolas y ganaderos. También, el volumen de recursos hídricos potencialmente utilizables tiene un valor máximo que no puede superarse. En la actualidad, el 70% de los recursos hídricos de la Tierra se destina a producir alimentos.

España es un importador neto de cereales, con un déficit estructural de la balanza comercial. La producción nacional no llega a cubrir las necesidades. La mayor parte de la superficie de cereales otoño-invierno se cultiva en secano, mientras que el maíz y el sorgo se cultivan en régimen de regadío. Se importa principalmente maíz, seguido de trigo blando. Los mayores exportadores de granos serían, por orden de importancia, USA, Ucrania, Rusia, Argentina, UE y Canadá.

Seis décadas de luces y sombras, que reflejan la evolución del Estado español, con su modernización agraria, del lado positivo, pero con asignaturas pendientes como la rentabilidad, el relevo generacional o el reparto equilibrado del valor entre agricultores, industria y supermercados. La PAC afecta a diez millones de empresas de la Unión Europea y a 22 millones de trabajadores y cuenta con 387.000 millones de euros en el nuevo presupuesto hasta 2027, de los que 47.724 millones serán para España –tercer receptor– y sus 695.000 beneficiarios.