#1 No lo sé. Si ha llegado hasta aquí, asumo que ha sido a través del enlace de eldiario.es, donde explican un poco qué hago en sus páginas. Si le interesa conocer algo del mundo de la Justicia, visto desde dentro, definitivamente sí.

#2 Entiendo que no. Y sobre todo, cuando se propone como medio para evitar la politización de la Justicia. Es como apagar un incendio con gasolina. Además, son profesionales que emplean criterios técnicos en sus decisiones, no políticos. Para los órganos de gobierno, tipo CGPJ, en cambio, no veo tan mal que se de participación a la voluntad popular.

#3 Me encantaría. Porque, como estamos en la indigencia en cuanto a medios económicos y materiales, eso significaría que, con la misma plantilla de personal podríamos ser muchísimo más eficaces. Eso sí, cuando veo el autocorrector de mi teléfono, o algunas sugerencias de mi GPS, soy profundamente escéptico al respecto.

#6 Muchos opinan que el diseño original de la Constitución era el ideal, con absoluta separación entre el CGPJ y los otros dos poderes. Creo que deberíamos volver a algo similar. Y por supuesto, el Fiscal General del Estado debería ser un cargo con los necesarios contrapesos a su elección por el Ejecutivo.

#7 Sí, aunque ya lo dejé una vez, durante diez años. Y volveré a dejarlo.

#10 Los sincebollistas, al gulag.

#11 Respecto de la 1ª, lo que parece impepinable para el ciudadano de a pie puede no ser técnicamente correcto, si no hay indicios directos, pero en cualquier caso, eso es algo que debe valorar el juez de instrucción, no yo.
En cuanto a la 2ª, hay mucho trabajo que hacer en cuanto a concienciar al estamento judicial sobre la importancia y volatilidad de la evidencia digital: un disco duro, o una memoria USB, son cosas que hay que aprehender desde el primer momento de una investigación.
Sobre lo de los titiriteros, ni he hablado del tema en un artículo ya publicado, ni debo hablar más. Todo lo que no tengo que decir ya está no publicado.

#13 El problema de la Justicia es que tiene un índice de insatisfacción del cliente del 50%, como mínimo. Cada parte va a dar su propia versión. Me consta que muchas decisiones, sean indultos o reformas legislativas, se toman al calor de los titulares informativos del momento.

#15 Códigos rojos, en cuanto a saltarse la legislación por las bravas, no debe haberlos. Pero lo cierto es que hay leyes cuya aplicación es imposible. Por ejemplo, el artículo que dice que los secretarios judiciales deben notificar personalmente todas las resoluciones, por ejemplo, en Fiscalía. Eso colapsarla por completo el funcionamiento de las oficinas judiciales.

#17 Me parece de perlas. Si alguna vez el Estado se da cuenta de que el gasto en Justicia es una inversión rentable a largo plazo, quizás tengamos medios para afrontar esa reforma. Porque la factura va a ser muy elevada.

#21 A título estrictamente particular, creo que sí. Las penas para grandes delincuentes económicos no guardan proporcionalidad con otras conductas de menor trascendencia social. Y la política penitenciaria tampoco. No se puede valorar la conducta de un defraudador en prisión con los mismos criterios que un condenado por lesiones. Está claro que el primero no va a tener un comportamiento violento, lo que no significa que se esté reinsertando.

#22 El derecho civil no es mi especialidad. De lo que sé, me parece un error fruto del desconocimiento de la realidad tecnológica. Que nos va a costar muchos años de retraso frente a otros países.

#23 Pues no lo sé, porque no trabajo a pie de calle. He vivido esa "casualidad" a título personal, en mi propia familia, y me parece muy mal.

#24 El "What if" es algo que me gusta en los cómics. En mi trabajo, mi herramienta son los hechos, no las hipótesis. Después de leer las sentencias, entiendo que están bien fundamentadas, pero no sé qué hubiera sucedido en otra línea temporal.

#25 Empezando por el final, sí, me llevo trabajo a casa, prácticamente a diario, e incluso fines de semana. El "trolley" como el que ha hecho famoso la juez Alaya es uno de los complementos más populares entre jueces y fiscales. En vacaciones, por salud mental. Intentó desconectar, aunque no siempre lo consigo.
La falta de medios se nota en cosas tan bochornosas como que no estén digitalizados los documentos más relevantes de la mayoría de los procedimientos: los atestados policiales, los informes periciales, los escritos de los letrados... El parque informático de juzgados y fiscalías es para echarse a llorar. Y encima, tiramos el dinero en códigos de papel, que quedan obsoletos a los pocos meses, mientras que nadie se plantea dotar de lectores de libros electrónicos para tener la legislación al día. Pero eso es solo la punta del iceberg. La dotación de personal de muchos órganos es para poner el grito en el cielo.

#26 Escribí un artículo sobre una sentencia del Supremo, la de "la banda del puerto", que había aparecido en prensa con un sentido completamente contrario al que tenía en realidad. No fue una manipulación interesada, sino fruto de que el redactor se había liado con los mecanismos del recurso de casación. La formación jurídica me parece bastante importante para no caer en el churrimerinismo.

#27 Hacer bien mi trabajo implica valorar adecuadamente las pruebas. Si las pruebas indican que alguien es culpable, me voy a dormir con la conciencia muy tranquila. Ahora bien, con la convicción moral de que alguien era culpable, he visto como muchos quedaban absueltos por cuestiones jurídicas. Me revienta, a título interno, pero ese es el funcionamiento de un Estado de Derecho.

#28 Hay que reducir los tiempos de pendencia, eso no lo duda nadie. Pero encomendarlo a alguien que no tiene poder efectivo para llevarlo a cabo, como el fiscal, es un error mayúsculo. Y no dotarle de medios tecnológicos para que ese control se pueda hacer rápida y eficazmente, es pretender derogar la ley de la gravedad.

#29 ¿Mi primera decisión? Dimitir. No creo que fuera buen ministro. Ahora, en serio, la primera ley que suprimiría sería la Ley 41/2015, de 5 de octubre, la que establece los plazos máximos de instrucción. Me parece una aberración, sobre todo en su último párrafo, el de "todo este milagro se hará a coste cero, porque yo lo mando".

#30 Cuando estalló el escándalo Whitewater, que podía afectar a Clinton, como antiguo gobernador de Arkansas, un tribunal de tres jueces designó un fiscal especial. No es la panacea, pero parece algo razonable. En cualquier caso, creo que establecer un sistema de contrapesos que evite un poder absoluto en la cúpula de la Fiscalía es sano y democrático. Eso sí, no conozco ningún fiscal que haya recibido alguna vez presiones políticas por tal o cual caso. Debe ser que soy de trinchera.

#32 Ojalá lo supiera. En nuestros programas de formación inicial hay asignaturas como "psicología del testimonio", pero creo que deberían tener más importancia. Ese tipo de contenidos deberían prevalecer sobre muchas cosas "de relleno" que se imparten en los cursos de formación. Pero puede que sea un sesgo mío.

#35 Una condena por sentencia firme lo es, a menos que sea revocada a través del Recurso Excepcional de Revisión, que está previsto para casos en los que haya habido coacciones a un testigo o imputado, se haya falseado un testimonio o un documento. La cuestión es que todo eso hay que probarlo.

#36 Los aforamientos son un mecanismo para evitar que los poderes del Estado puedan sufrir injerencias injustificadas. Jueces y fiscales tienen aforamiento exclusivamente en lo que respecta al ejercicio de su cargo. Y entiendo que para los políticos debería ser igual. Lo de la justicia militar tiene demasiada miga para despacharlo en una respuesta corta, lo siento.

#73 No siempre es cosa del operador jurídico (o sea, juez, fiscal, LAJ o funcionario subalterno). He visto modelos automáticos generados por la aplicación informática de los juzgados que harían revolverse a Lázaro Carreter en su tumba. Uno de los que más me dolieron a la vista durante mucho tiempo fue el de "Ley de Enjuiciamiento Criminial". En la sintaxis sí que tenemos más pecado. A veces es una cortina de humo, rodear de tecnicismos la burrada que estás soltando.