Estos radares, llamados oficialmente Velolaser, son muy pequeños y discretos, casi imperceptibles al ojo humano, y pueden cambiarse de ubicación fácilmente y se pueden controlar a distancia mediante la red de datos 3G o 4G. La instalación de estos dispositivos se ha llevado a cabo especialmente en autovías o zonas de vías urbanas. La inversión inicial del Estado fue de 860.310 euros, es decir, 14.338 por cada dispositivo. Pese a su elevado coste, su amortización está asegurada gracias al afán recaudatorio de la administración.