La precipitación de la actuación del fiscal general y de la jueza de la Audiencia contra los miembros del Govern y los de la Mesa del Parlament, en pleno arranque del proceso electoral hacia el 21-D, arrebatando las competencias al TSJC, construyendo argumentos jurídicos "aberrantes" y vulnerando derechos fundamentales y de defensa de los imputados, podría dar al traste con toda la causa si ésta es revisada por tribunales europeos, como parece que acabará ocurriendo.