Tras diversas denuncias por parte de algunas asociaciones y conductores particulares, diversas autoridades judiciales han restado autoridad y legalidad a este tipo de sanciones, anulando la mayoría de multas de este tipo, lo que supone una pérdida de ingresos para las administraciones locales. Diversas administraciones han tomado la decisión de comenzar un proceso de legalización de las sanciones de semáforo 'foto-rojo', una decisión que va en contra de los mandatos judiciales como el del TS , que ha calificado estas sanciones de ilegales.