Un contrato público señalado por Víctor de Aldama por supuestos amaños fue adjudicado a una UTE integrada por Lantania SLU y ASCH Infraestructuras y Servicios SA, dos constructoras que presuntamente participaron en la red de comisiones ilegales del caso Koldo. El proyecto fue licitado en 2019 por José Luis Ábalos y, en 2022, su sucesora en el Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, concedió a las empresas una modificación del coste que elevó el precio final de la obra un 11,4%.
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Incluso subir el coste un 11% me parece hasta poco dado lo que se suele ver.
En todo caso esas modificaciones deben venir justificadas punto a punto (ya sea por modificaciones en el proyecto constructivo, encarecimiento de materiales, retraso justificado en los plazos, etc).
A no ser que la sucesora esté imputada, la noticia es irrelevante.
El anuncio de la licitación se publicó a finales de mayo de 2019, dos meses después de la fotografía de Aldama con Ábalos y representantes de la oposición venezolana en la tercera planta de Ferraz
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Parece un juego de adivinar qué viene después. Podría ser
El anuncio de la licitación se publicó a finales de mayo de 2019, seis meses antes de que Pablo Iglesias introdujera el COVID en España