Tanto el Defensor del Pueblo como el Síndic de Greuges, consideraron en su día, que las medidas puestas en práctica por el Alcalde de Gandia no eran legales y pidieron que cesara en su aplicación. Lejos de ello, Torró insistió en continuar exigiendo ese trámite y además llegó a jactarse de la medida ante el asesinato de un policía en Madrid a manos de inmigrante irregular que le arrojó a las vías del metro que "con las medidas que aplicamos en Gandia, esto no hubiera sucedido".