De cara a la huelga en las empresas TIC Alten, DXC y Getronics, queremos recordar qué supone la vulneración de ese derecho fundamental. La protección está recogido en la Constitución Española, concretamente en el artículo 28.2, e incluso está recogido como delito en el código penal. "Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga."