Acepta una pena de 8 de meses de privación de libertad que no se va a ejecutar al ser inferior a dos años y tratarse de su primera condena. También acepta pagar el 50% de la cuota defraudada, cifrada por la Fiscalía en 1,1 millones de euros. Durante su declaración, reconoció los hechos pero eximió a los que la Fiscalía apuntaba como colaboradores necesarios en el fraude, entre ellos, una cuñada de Gallardón