Fuentes jurídicas indican que el fallo del Constitucional permitirá, en principio, que se puedan anular las multas –firmes y no firmes; un millón de sanciones en total– relativas a los apartados del decreto-ley que el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales. Este escenario será posible ante la interposición de recurso, dado que el fallo por sí mismo no se traducirá automáticamente en la anulación de las sanciones.