Psicólogos, biólogos, físicos, geólogos y químicos convencen al Gobierno de la necesidad de seguir teniendo colegiación obligatoria. Los abogados consiguen que continúe la incompatibilidad con los procuradores, y a cambio estos conservan los aranceles a los que se les pone solo un tope. Se implanta una cuota máxima anual por colegio de 240 euros.