Su número se ha triplicado en tres años y un informe del Senado cifra en 40.000 los extranjeros que afirman ser menores a su llegada a territorio francés. Las redes de tráfico de personas son acusadas de incitar un negocio que desvía hacia la inmigración clandestina los fondos de ayuda a la infancia. Ningún menor extranjero puede ser expulsado y tiene derecho a beneficiarse de la ayuda social, lo que supone albergue, comida, ayuda material, asistencia médica y psicológica.