La resolución, sin embargo, aunque apunta que puede haber indicios delictivos, considera que todavía no hay suficiente prueba que justifique una investigación penal y más de altas personalidades del Estado. En este contexto, la resolución alerta que las “pretendidas falsedades y su incidencia”, vertidas por la policía patriótica y el gasto de dinero público “no resultan ni indiciariamente probadas, ni subjetivamente ni objetivamente, con aportación de ninguna prueba de naturaleza objetiva”.