La cuestión reside en que las viviendas que en su día adquirieron los padres o abuelos de las personas que ahora las habitan pasaron a ser de Vivienda Social, lo que en la práctica se traduce que quienes viven en ellas tengan que cumplir ciertos requisitos que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de renta. "Tendríamos que dejar de trabajar" “Y además nos obligan a firmar un documento con el renunciamos a cualquier reclamación legal que pudiéramos presentar contra la Comunidad de Madrid”