El Gobierno y el PP saben que no puede existir una democracia plena sin unos medios de comunicación independientes y con profesionales que trabajen en condiciones laborales dignas. Pese a ello, no han hecho nada para regular por ley la profesión periodística -como lo está en la Unión Europea y en muchos países de todo el mundo- ni para frenar la sangría de despidos y el cierre de publicaciones.