Las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá califican las resoluciones de García Castellón como "Se solicita del magistrado que se valoren los hechos de corrupción por las evidencias sólidas de haberse pagado dádivas por ilícitos de cohecho, por importes muy relevantes para asegurar la adjudicación irregular del contrato a la UTE Movilidad Valdemoro en concurso medial con ilícitos de prevaricación, falsificación y revelación de información reservada"