El veredicto, con fecha 31 de mayo de 2018, apuntala una de las principales armas de las que disponen los Estados para frenar la voracidad de estos fondos de inversión que se empezaron a hacer tristemente famosos por la compra de deudas soberanas como la de Argentina o Grecia y que en los últimos años están lanzándose a la rapiña de servicios públicos básicos, como la vivienda o la sanidad.